Constantemente asistimos a la lucha de los Estados por conservar los monopolios públicos y aniquilar los monopolios privados. Son evidentes las ventajas que ha generado la desaparición de las situaciones de monopolio creadas en virtud de una ley.

En nuestro país, la liberalización de los derivados del petróleo, las líneas aéreas y las telecomunicaciones, están generando una importante mejora del servicio y una mayor satisfacción del usuario. No pueden negarse los efectos saludables para el mercado de una situación de libre competencia. Pero lo que cabe cuestionarse es la intervención del Estado en las situaciones de dominio que se producen de forma natural, como resultado de la mejor calidad de un producto, una estrategia comercial adecuada o la concurrencia de factores económicos que propician una mayor aceptación en el mercado.

En un escenario normal, las empresas compiten entre sí en un mercado libre, hasta que una de ellas alcanza una posición dominante. En ese momento se produce una alianza de los competidores en desventaja para devolverla a su situación inicial. Y si fracasan, recurren al Estado protector e intervencionista.

Cuando se analizaba el origen del Derecho, una corriente llegó a afirmar que la Ley era una creación de los débiles para defenderse del fuerte. Y la Ley sirve ahora, una vez más, para evitar que los peces pequeños sean "fagocitados" por los peces más grandes.

Las leyes modernas que regulan la defensa de la competencia reservan el papel del Estado a evitar desequilibrios graves que afecten la libre concurrencia. El Estado sólo debe intervenir cuando se produzcan abusos reales y graves, cuando los efectos de una posición dominante causen un perjuicio directo al usuario.